La aplicación de los principios constitucionales que rigen oposiciones y concursos (publicidad, igualdad, mérito y capacidad) ha generado tensiones entre autoridades, tribunales calificadores, sindicatos y aspirantes que han propiciado errores, irregularidades e incluso perversiones. La última década ha experimentado una valiente expansión del control jurisdiccional encabezado por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo que ha velado por la igualdad, imparcialidad y la sana competitividad, para lo cual ha recortado con firmeza la todopoderosa discrecionalidad técnica, esto es, la clásica facultad de los tribunales calificadores para valorar con casi soberano criterio méritos y capacidades. Los criterios jurisprudenciales de control, sistematizados y actualizados son expuestos en esta obra en cuatro bloques. La primera parte aborda la vertiente organizativa, la segunda se ocupa de la valoración del mérito y la capacidad. A la tercera parte le corresponde analizar los principios reguladores y por último se exponen las garantías jurisdiccionales |