La Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, determinó la incorporación de importantes novedades en el proceso social que fueron objeto de inmediato estudio doctrinal. Desde entonces, los permanentes cambios a que ha sido sometido el derecho sustantivo, laboral y de Seguridad Social, han determinado a su vez la incorporación de sucesivas modificaciones en el texto procesal, con la ineludible finalidad de acompasar y adaptar las normas reguladoras del procedimiento laboral a tales modificaciones. De especial relevancia fue, en este sentido, la incidencia procesal de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, así como del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, o la más reciente Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social. Junto a ello, los años transcurridos desde la aprobación y entrada en vigor de la Ley 36/2011 han permitido generar ya un importante cuerpo de doctrina judicial en aplicación e interpretación de las nuevas normas procesales. |