España es un Estado social y democrático de derecho. Si hoy, después de 40 años de haberlo hecho, abordásemos en España un proceso constituyente, no habría dudas sobre cómo definir nuestra forma de Estado: lo haríamos del mismo modo en que lo hace el art. 1.1 de la Constitución, y atribuyendo a cada uno de los tres elementos de la fórmula un significado sustancialmente equivalente al inicial. Sin embargo, las condiciones ambientales del Estado Constitucional han empeorado en los últimos años, aquí y fuera de aquí. El fuerte impacto de la crisis económica de 2008, la primera de la globalización, ha dejado una huella de inseguridad y malestar en nuestras democracias que alienta la emergencia de fuerzas políticas de signo nacionalista, autoritario o populista, en sentido contrario al designio histórico del proyecto ilustrado en el que anidó el constitucionalismo |