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LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA |
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$ 149.50
Según respuesta
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| Uno de los principales retos que se plantea actualmente el Estado de Derecho es la modernización de la Administración de Justicia. Y uno de los ejes en los que se ha de vertebrar este proceso es el uso de medios electrónicos: tanto en la gestión interna de la Administración de Justicia, como en las relaciones con los ciudadanos y profesionales, de manera que no sólo se faciliten las comunicaciones, sino que, además y sobre todo, se impulsen y agilicen decididamente la tramitación y resolución de los procesos judiciales. La Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, pretende ser el revulsivo con el que lograr ese propósito, y declara expresamente su voluntad de satisfacer el derecho constitucional a obtener la tutela judicial sin dilaciones indebidas. Esta Ley constituye por tanto el marco de referencia para los diversos profesionales, Administraciones Públicas y funcionarios a quienes corresponde un papel protagonista en el diseño y aplicación práctica del nuevo modelo de gestión basado en el uso de la tecnología. Ahora bien, esta novedosa regulación plantea no pocos problemas, tanto interpretativos como de articulación práctica. Supone la irrupción de toda una categoría de conceptos que resultaban anteriormente extraños a los operadores jurídicos, y que resulta preciso encuadrar adecuadamente desde el punto de vista dogmático. Además, suscita relevantes desafíos que han de ser analizados desde perspectivas diversas y al mismo tiempo complementarias, pues su estudio necesariamente ha de abordarse teniendo presente el carácter transversal de la Ley, aplicable a todos los órdenes jurisdiccionales -civil, penal, contencioso-administrativo, laboral…- y a colectivos muy diversos de operadores jurídicos. La presente obra aborda el análisis de la regulación legal teniendo en cuenta todas estas exigencias, ofreciendo pautas interpretativas que faciliten la aplicación de los preceptos legales y, en su caso, la resolución de las dudas, problemas y obstáculos que puedan plantearse. En efecto, esta obra integra sistemáticamente las novedosas previsiones legales a partir de la perspectiva de todos los colectivos afectados. La amplia lista de cualificados autores incorpora tanto a expertos investigadores del ámbito universitario pertenecientes a diversos ámbitos académicos: procesalistas, constitucionalistas y administrativistas especializados en el estudio del uso de las tecnologías en el sector público; como representantes de los diferentes estamentos que ocupan un papel protagonista en la aplicación de la Ley: Administraciones Públicas estatal y autonómica, magistratura, secretaría, fiscalía, abogacía, procura, notaría... Se trata, por tanto, de un enfoque multidisciplinar, que combina el inexcusable rigor doctrinal con una visión práctica de las dificultades, problemas y posibilidades que plantea la Ley, a partir de la experiencia de destacados operadores jurídicos, que conocen perfectamente la situación pues son diariamente los verdaderos artífices y protagonistas de la Administración de Justicia. |
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