| El 1 de enero de 2016 entró en vigor la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, que introdujo en el ordenamiento español un sistema novedoso para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, incorporándose al Título IV de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, regulada por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre. El sistema de valoración ha cumplido ya siete años y, a día de hoy, podemos afirmar que el baremo de tráfico de 1995 ha pasado definitivamente a la historia. Muestra de ello es que el sistema ideado para determinar la responsabilidad civil en accidentes de circulación se viene empleando de forma habitual para cuantificar orientativamente la responsabilidad civil por daños personales en ámbitos ajenos a la circulación rodada, como son las negligencias médicas o accidentes laborales.Durante el tiempo transcurrido entre 2016 y 2023 se han ido aprobando distintos instrumentos de indudable valor dogmático-doctrinal para facilitar la aplicación e interpretación del sistema, particularmente el Dictamen del Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial 3/2016 al que hacíamos referencia en la 2ª edición de esta Guía. Posteriormente, en el año 2020, la Comisión de Seguimiento constituida por la DA 1ª de la Ley 35/2015 e integrada por reconocidos expertos en la materia, aprobó la "Guía de Buenas Prácticas" donde se compilan todos los acuerdos alcanzados entre los años 2017 y 2020, publicándose a continuación el "Informe Razonado" que analiza la puesta en marcha del sistema de valoración, sus repercusiones jurídicas y económicas, aportando propuestas de reforma legislativa. A lo anterior debemos añadir la actualización de las bases técnicas actuariales plasmada en la Orden ETD/949/2022, de 29 de septiembre, y en el Real Decreto 907/2022, de 25 de octubre. |
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