La Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario (en vigor desde el 16 de junio de 2019), ha transpuesto a nuestro ordenamiento la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014. Su principal finalidad es la transparencia y la comprensión de los contratos y de las cláusulas contractuales, así como el justo equilibrio entre las partes, lo que conlleva importantes modificaciones que pueden repercutir en las posteriores reclamaciones de los consumidores y usuarios a los que ya no será tan fácil alegar falta de la citada transparencia ante los Tribunales |