La buena administración pública, como principio de la actuación administrativa como derecho de los ciudadanos o como obligación propia de los Poderes públicos es, en un Estado social y democrático de Derecho, una consecuencia de la centralidad de la dignidad humana. El urbanismo, como función pública que es, está imbricada necesariamente en esta cuestión y, por ello, ha de administrarse y gestionarse de manera que a su través las personas vivan en mejores condiciones y puedan realizarse libre y solidariamente. |