| Entre las múltiples consecuencias que resultan de la afirmación constitucional de la cláusula de Estado de Derecho, resulta, en el Estado de Derecho en régimen de derecho administrativo, que ésta rama jurídica garantiza la sujeción de las administraciones públicas a derecho, con plena revisión jurisdiccional de la actuación de la administración (arts. 1, 9,24, y 106 CE). Pero es evidente que tal conjunto de garantías pueden calificarse de ordinarias, pues la cláusula de Estado de Derecho implica también otro conjunto de garantías, y singularmente las que puede de calificarse de constitucionales: El control parlamentario de la acción del Gobierno o la intervención de órganos específicamente diseñados(Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas y órganos similares). Entre las garantías constitucionales se encuentran también los derechos fundamentales y libertades públicas que, lógicamente, son oponibles a los poderes públicos, por tanto también a las administraciones |
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