La inmigración está poniendo a prueba la cohesión social en la sociedad española. Sin embargo, el fenómeno migratorio incide en todo el espacio europeo, con diferencias acusadas en cada uno de los Estados; cada país se encuentra ante escenarios migratorios diferentes y adopta estrategias políticas para afrontarlos también diferentes, lo que hace que encontrar un compromiso común sea una tarea más difícil de lo que pensamos. No es un fenómeno sencillo: no existe una política de inmigración perfecta, ni es probable que exista en el futuro, pero, eso sí, la puesta en marcha de cualquier medida en materia de inmigración, si queremos que ésta se convierta en un bien público debe permitir abordar la inmigración como una oportunidad en vez de como un problema. En España, consecuencia de los elevados flujos migratorios que han llegado, aunque no es un tema nuevo, la extensión del derecho a voto a los inmigrantes se ha convertido, en los últimos tiempos, en una de las propuestas más debatidas en la sociedad civil y en los partidos políticos; y, en una constante reivindicación, tanto social como política, vista en clave de integración. Sin duda, para integrar la diversidad y facilitar la formación de una verdadera sociedad multicultural, es necesario un proceso de adaptación y acoplamiento mutuo, tanto de los inmigrantes, como de toda la sociedad de acogida. Este proceso está conformado por un conjunto de factores, tales como el reconocimiento del otro como portador de símbolos iguales a los de la sociedad de acogida, el reconocimiento de la persona como centro del Derecho, o la desvinculación de la participación política en nuestra sociedad del concepto de ciudadanía. Se hace necesaria la participación activa de todas las partes involucradas. |